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El pleno de este martes abordará de nuevo la situación del agua

  • La modificación del pliego de condiciones será el único orden del día en pleno extraordinario

Este martes 7 de febrero a las 19.00 horas se celebrará un pleno extraordinario con un único punto de orden del día: ‘el cambio en el pliego de condiciones’.

En el pleno extraordinario, se indicarán los que serán debatidos con los distintos grupos municipales y posteriormente se llevará a cabo su votación correspondiente.

Por otro lado, en el último pleno, la gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable y depuración de aguas residuales volvió a ser un punto central de la discusión que giró sobre el recurso presentado por el grupo popular ante la Comisión Jurídica -y que fue rechazado por presentarlo fuera de plazo-, para que, entre otros extremos, el contrato que ligue al Ayuntamiento con la concesionaria del agua esté en armonía con la legislación europea.

El citado recurso también cuestionaba el acuerdo del Ayuntamiento por el que se aprobó el anuncio de licitación del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, además de documentos contractuales para la gestión del servicio público.

El secretario técnico del Ayuntamiento apuntó que «se abrirá un pleno, ordinario o extraordinario, para debatir todos los puntos y votar si seguir adelante o no». Por su parte, el alcalde Eugenio Álvarez expresó: «La idea es valorar qué cláusulas cambiar, e ir a pleno, y si ustedes (refiriéndose al PP), quieren interponer un recurso contencioso lo ponen».

Fuera de plazo

El concejal popular, Andrés García, sin embargo, puso el énfasis en que la Comisión Jurídica había rechazado su recurso no porque no tuviera razón en sus planteamientos sino por una cuestión formal, como era presentarlo fuera de plazo. Al mismo tiempo explicó que lo que se exponía en el recurso es que el anuncio de la licitación de la gestión del agua debería publicarse en el Boletín Oficial de la Unión Europea; que no se podía otorgar un contrato por el plazo de 25 años; y que no era un contrato de gestión de servicios, sino un contrato de servicios». Y termina diciendo: «en estos cuatro argumentos la comisión jurídica nos da la razón: dice que es un contrato de servicios, que tiene que estar sometida a regulación armonizada y se debe publicar en el boletín de la unión europea».

El concejal del PP también hizo hincapié entre un contrato de servicios y otro de gestión de servicios. Entre estas denominaciones que podrían pasar inadvertidas para quien no esté familiarizado con la jerga administrativa se esconde una diferencia fundamental, que es «la transmisión del riesgo». Según señaló Andés García el contrato que propone el Ayuntamiento, que es de servicio y no de gestión de servicio, supone que «en caso de pérdidas el pueblo se haría cargo del equilibrio presupuestario de la empresa.

Infracción y recursos

Por otro lado, García añadió que «el contrato da lugar a una infracción de la Ley de Contratos del Sector Público, ya que la duración máxima es de 4 años prorrogables a otros 2. Por tanto, no se puede contratar un servicio por 25 años. Su palabra finales fueron: «la pelota está en vuestro tejado. Ustedes deciden las opciones: si hacerlo todo deprisa, o lo vemos entre todos, planteamos la remunicipalización de otros servicios, que ya no son municipales por desgracia y lo vemos todo».

El alcalde le replicó: «esto no se ha hecho a la ligera, porque llevamos con este asunto desde el mes de julio». Refiriéndose al concejal popular dijo: «usted dice que hay que remunicipalizar. Me parece muy bien. 16 años han estado gobernando ustedes aquí y a nadie se le ha ocurrido remunicipalizar, sino avanzar en el mismo sentido» y prosigue diciendo: « ¿Lleva 30 años el agua en el mismo sentido, y a nadie se le ha ocurrido municipalizar un servicio?».

Todos los recursos que han llegado al Ayuntamiento han sido rechazados con una excepción: ha prosperado es el de Izquierda Unida que no acepta el pliego de condiciones a la privatización del agua. «El antiguo concejal votó de forma personal, como ha quedado claro, y por eso ha pasado lo que ha pasado en la agrupación de izquierda unida», manifestó Juan Antonio Gajardo quien añadió: «nosotros tenemos números, que en una municipalización del agua, saldría beneficioso para el Ayuntamiento de Calamonte».

En este mismo sentido está la posición de la organización de consumidores Facua que, aunque no cuestiona el procedimiento llevado a cabo por el Ayuntamiento de Calamonte, sí ha insistido en que la privatización de un servicio público y básico como el del agua "suele traer como consecuencia un mayor gasto para los ciudadanos".

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