Juzgados de Mérida y Cáceres llevarán todas las demandas sobre cláusulas suelo

Dependencias del Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Mérida
Dependencias del Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Mérida / BRÍGIDO
  • Profesionales del sector critican que el usuario estará obligado a desplazarse y que los órganos elegidos sufrirán un parón

Un juzgado de Mérida y otro de Cáceres tramitarán todas las demandas sobre cláusulas suelo y productos bancarios que se tramiten en la región. Estos órganos contarán con personal de refuerzo para gestionar los cientos de procedimientos que se esperan, pero para los profesionales del sector puede ser insuficiente, por lo que consideran que la medida supondrá un perjuicio para los ciudadanos que se vean obligados a desplazarse para llevar adelante sus reclamaciones.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó en febrero un plan de urgencia para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en contratos hipotecarios después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decretara en diciembre que los bancos debían devolver todo el dinero cobrado de más cuando se probara esta práctica irregular y no sólo por lo ingresado a partir de 2013, como planteaba hasta entonces el Tribunal Supremo.

Aunque el Ejecutivo nacional aprobó un mecanismo de resolución extrajudicial de estos procedimientos, el órgano de gobierno de los jueces entiende que puede producirse un importante incremento de demandas. Un reparto masivo de estos litigios a los juzgados de primera instancia «podría llegar a comprometer la capacidad de estos para dar salida al resto de los asuntos de otra naturaleza», según el CGPJ.

Por ese motivo, decidió que en cada provincia haya un juzgado de primera instancia especializado en demandas sobre condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios. Mantendría su cometido habitual para no cargar de asuntos al resto de órganos del partido judicial, pero a cambio contaría con personal de refuerzo para agilizar la tramitación, tanto jueces como secretarios y funcionarios, así como medios materiales. De esta forma se pretende garantizar eficacia y rapidez para los usuarios y asegurar un mismo criterio para todas las demandas.

El objetivo es que este plan se ponga en marcha el 1 de junio. Para ello, el CGPJ consultó a los tribunales superiores de justicia de cada una de las comunidades autónomas y a las juntas de jueces. Sin embargo, juntas provinciales de magistrados de todo el país han rechazado participar en el proceso en contra de una medida que consideran perjudicial porque supondrá una carga de trabajo extra para el juzgado que sea designado.

Finalmente, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura decidió la pasada semana que el Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Mérida (uno de los primeros que aplicó el fallo del Tribunal Europeo pocas horas después de que se pronunciara sobre las cláusulas suelo españolas) tramite todos los asuntos sobre condiciones generales incluidas en contratos financieros con garantías reales inmobiliarias que se presenten en la provincia de Badajoz, mientras que en la cacereña la competencia recaerá sobre el Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Cáceres.

Una medida polémica

La propuesta del CGPJ pretende facilitar la tramitación de estos procedimientos y por tanto favorecer al ciudadano. Sin embargo, hay voces críticas que ponen en duda la efectividad de la medida.

Emilio García-Cancho, juez decano de Badajoz, señala que los órganos seleccionados contarán con un juez de refuerzo, un secretario y tres funcionarios. Pese a ello, cree que no será suficiente y estima que los juzgados elegidos «están condenados a atascarse. De esa forma, el usuario se verá perjudicado doblemente, en primer lugar por tener que desplazarse y en segundo lugar por la previsible lentitud en la tramitación de su demanda.

Juan Carlos Almeida, decano del Colegio Oficial de Procuradores de Badajoz, se muestra en contra de una medida que, a su juicio, beneficiará a los bancos y perjudicará a los consumidores.

Como indica, cuando empezaron a plantearse demandas contra las cláusulas suelo se decidió que se centralizaran en los juzgados de lo mercantil, situados en las capitales de provincia. Pero después se permitió que se tramitaran en los órganos de primera instancia de cada partido judicial para evitar atascos. En su opinión, ahora podría haberse optado por la misma medida, ya que se estima que se tramitarán al menos los mismos pleitos, puesto que se espera que todos los que demandaron y consiguieron la devolución de lo pagado de más a partir de 2013 ahora reclamarán todo lo anterior.

Almeida apunta que la decisión de encomendar estos trámites a juzgados de Mérida y Cáceres tiene que ver con el hecho de que en estos órganos está implantada la oficina judicial y por tanto pueden tener más facilidades de tramitación. Pero considera que se debería haber pensado en el ciudadano, que tendrá que desplazarse (Badajoz y Cáceres son las dos provincias más grandes de España). Sin embargo, las entidades financieras agruparán todas sus defensas en una misma ciudad.

Por su parte, Antonio Roncero, decano del Colegio de Procuradores de Cáceres, prefiere esperar a que se ponga en marcha esta medida para valorar su funcionamiento. Reconoce que no está a favor de crear jurisdicciones especiales, ya que considera que para el ciudadano tan importante es una demanda sobre cláusulas suelo como otro asunto. Pero entiende que con el procedimiento actual de notificaciones por vía electrónica se evitarán desplazamientos, y que también los juzgados de lo social y lo mercantil son únicos en cada provincia.

Por ese motivo, afirma que habrá que esperar a la aplicación de esta medida para conocer si da los resultados deseados por el CGPJ.

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