Momento en que el pleno realiza el minuto de silencio por Miguel Ángel Blanco
Momento en que el pleno realiza el minuto de silencio por Miguel Ángel Blanco / :: Mario MS

Primeros pasos para una televisión comarcal y firma electrónica para los calamonteños

  • Aprobada por unanimidad la adhesión de Calamonte a la Diputación de Badajoz por un ferrocarril digno

El pleno del pasado 11 de julio comenzó con un minuto de silencio a petición de la agrupación popular, con motivo del 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco por la banda terrorista ETA el 12 de julio de 1997. Un minuto de silencio que sirvió también para sumarse a los homenajes y recordatorio de aquel asesinato a sangre fría.

Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad el inicio del protocolo para la expedición de certificados de firma electrónica con la Fábrica de Moneda y Timbre «para que los ciudadanos de Calamonte no tengan que desplazarse a Mérida para obtener este certificado» afirmó la concejala socialista, Lola Enrique. Además, prosiguió en su explicación indicando que serían los trabajadores del ayuntamiento quienes podrán expedirlo en un horario de atención al público exclusivamente para tal cometido «probablemente un par de horas a la semana porque están un poco saturados de trabajo», finalizó la concejala socialista.

Por su parte, la concejala popular, Magdalena Álvarez afirmó que a su agrupación le parece muy bien, «porque este protocolo es para facilitar a los ciudadanos la relación con las administraciones públicas». Y prosiguió diciendo que su agrupación ya lo puso en marcha cuando gobernaron en la anterior legislatura.

Un protocolo al que también se sumaría el voto de IU a través de su concejal Juan Antonio Gajardo explicando la importancia de «facilitar la vida a los ciudadanos de Calamonte».

Otro de los asuntos del día fue la moción de adhesión de Calamonte a la Diputación de Badajoz para exigir al Gobierno de España el desarrollo de una infraestructura ferroviaria digna para Extremadura. Una moción aprobada por unanimidad y donde el concejal de Urbanismo, Fernando Fernández, explicó que «si vemos el mapa ferroviario de España, Extremadura parece una isla. Nos tienen abandonados». Además indicó que al pacto por el ferrocarril se sumaron todas las fuerzas políticas de la región.

Así mismo, la concejala popular, Ana Fernández, indicó que estaban de acuerdo votando a favor de la adhesión y destacó que durante el anterior gobierno del Partido Popular de Monago, «ya se comenzó a invertir económicamente sobre este tema». De igual manera, el concejal de IU, Juan Antonio, manifestó estar de acuerdo «por un tren digno para no quedarnos aislados».

Un asunto que fue llevado a la Asamblea de Extremadura el 22 de octubre de 2015 a través de una propuesta de impulso aprobada por todos los grupos parlamentarios (PSOE, PP, P’s y C’s). Además, la aprobación en el pleno de Calamonte, coincidió con la visita del Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y la Delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera a Talavera de la Reina el jueves 13 de julio, donde afirmaron que el tramo que une Badajoz y Plasencia estará terminado para 2020.

Por otro lado, la solicitud de Licencia para la televisión comarcal, que comprende la adquisición del Canal 30 del TDT, fue aprobado con votos a favor de la agrupación socialista y CA. En su caso, la agrupación popular rechazó la moción por los altos costes que puede suponer una televisión comarcal para el pueblo. Por su parte, IU justificó su abstención, indicando que los medios locales normalmente sirven como propaganda.

Así mismo, el concejal popular, Salvador Álvarez se interesó por los costes, que según sus estimaciones, podría tener un coste de 80.000 euros, además de las posibles consecuencias que traería consigo la incorporación de un canal comarcal. Sobre todo, si todavía no existe la seguridad de que Mérida y Arroyo aprueben en sus respectivos plenos la solicitud de licencia para el canal 30 donde habría que abonar mensualmente 1.600 euros a Abertis, poseedora de la licencia del canal. Costes que se harían cargo, Mérida del 50%, Calamonte un 25% y Arroyo otro 25%.

El mismo parámetro serviría para la incorporación de trabajadores de las distintas localidades (50, 25 y 25%). No obstante, como dijo en pleno el concejal de Comunicación, Juan Francisco Moreno, este es un primer paso y según las reuniones mantenidas con Julio Vega, Jefe de Servicio de Radiodifusión y Televisión de la Junta de Extremadura, se pretende hacer las cosas bien siendo la primera vez que se realiza un canal comarcal de estas características. Además, las cifras que maneja Vega, según manifestó el concejal de CA, no son las que indicó Álvarez de 80.000 euros.

Así mismo, en 2006 la agrupación popular ya hizo un estudio en la misma dirección pero tuvieron que dejar la idea aparcada por los altos costes.

El periódico del pueblo

Durante este punto, el popular Álvarez, dijo: «Entonces entiendo que queréis quitar tv extremeña y periódico». Refiriéndose al mantenimiento de publicidad en ambos medios. En este caso, hay que señalar que la actividad de HOY Calamonte seguirá funcionando con total normalidad, ocurra lo que ocurra con el canal comarcal, porque según el criterio adoptado por el consistorio, si sale adelante la puesta en marcha del canal 30, al finalizar el contrato publicitario con el periódico y tv extremeña no serán renovados. Un hecho que no mermará el funcionamiento del periódico local.

Mociones por vía de urgencia

Por otra parte, la agrupación socialista introdujo una moción por vía de urgencia para la modificación de los Estatutos de la Universidad Popular Pelayo Moreno, aprobada por unanimidad. Según la concejala de educación y cultura, Lola Enrique, las modificaciones fueron necesarias para introducir las actividades de las escuelas profesionales. Actualmente la UPPM tiene la escuela profesional de actividades de ocio y tiempo libre. «Con la revisión de los Estatutos ya podemos introducir en la UPPM formación para el empleo, fines deportivos o de concienciación», señaló la concejala socialista.

Además, la agrupación popular presentó, también de urgencia, una moción sobre el transporte sanitario terrestre, con empate técnico en las votaciones, y rechazada finalmente por voto de calidad del alcalde.

Una moción sobre la tramitación del concurso sanitario terrestre del servicio de ambulancias en la región extremeña que dejará sin servicio a 22 municipios y sin garantizar 842 puestos de trabajo, según expuso la concejala popular, Magdalena Carmona. Además, tanto el concejal de IU, Juan Antonio Gajardo como la concejala popular Carmona, coincidieron en señalar que este asunto era un compromiso firmado ante notario por parte del actual presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara en campaña electoral para las autonómicas de 2015.

Sin embargo, la concejala socialista de Bienestar Social, Rocío Ruíz, señaló que «para la licitación del agua la agrupación popular sí quiere la regulación armonizada, pero para las ambulancias no».

Ruegos y preguntas

En el apartado de ruegos y preguntas, fue especialmente relevante el ruego por parte del popular Salvador Álvarez sobre el pago a proveedores donde expuso que se ha ido a 65 días, mientras que la ley indica que los pagos deben realizarse en 30 días. «Es un ruego que hacemos por el bien de los proveedores».

Además, la concejala popular, Ana Fernández, preguntó a la alcaldía sobre el expediente abierto al funcionario policial Juan Francisco Gómez. En este caso, Eugenio Álvarez pasó la palabra al Secretario Técnico que manifestó informar a todas las agrupaciones municipales en su despacho a puerta cerrada porque actualmente existe un pleito y puede ser perjudicial para los intereses del propio ayuntamiento lo que el secretario pudiera explicar en pleno. Eso sí, indicó que «todo lo que está haciendo el ayuntamiento, es bajo la instrucción de un instructor de la diputación provincial y bajo las directrices de los servicios jurídicos de la diputación provincial».

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