La iniciativa privada pondrá en el mercado 25.000 metros cuadrados edificables

Imagen de la UAU-6
 
Esta ordenación del terreno, acorde a las leyes urbanísticas vigentes, establecía una zona de 27.453 metros cuadrados, delimitada en 26 parcelas (comprendidas entre la avenida Juan Carlos I y las calles Picasso, Goya y Alonso Macías de Figueroa) más la parcela que conforman los terrenos que, por ley, se han de ceder al municipio, en este caso 2.453 metros cuadrados, además de para las zonas de uso común. En cada una de estas parcelaciones existen varios propietarios que, según el terreno que poseen, han de pagar la urbanización, cuyo coste asciende a 712.000 euros más IVA, aparte de los 35.000 euros que supone llevar la luz. 
En concreto, existen 26 parcelaciones y 15 propietarios, si bien en algunos casos, hay varios herederos. Considerando esto, serían 46 los titulares privados, además de la propiedad que tendrá el Ayuntamiento, conformada por los terrenos que cada uno de los dueños, y proporcionalmente a los terrenos que poseen, han cedido para zonas comunes.
 «De estos 861.000 euros, el Ayuntamiento no pone nada, tan solo recepcionará la obra cuando se acabe, como dice la ley», señala Bernardo Gil, presidente de la agrupación de propietarios de la UAU-6, quien, como el resto de los propietarios, (entre los que se encuentra el propio alcalde de la localidad) lleva muchos años batallando por el inicio de estas obras.
 Por su parte, Fernando Fernández, de EFEstudio y arquitecto responsable del proyecto, señala que «los propietarios son los que promueven la unidad, son los que asumen los costes derivados del desarrollo de la unidad y el Ayuntamiento, económicamente, no pone nada, de hecho así está estipulado por ley y no es algo que sea exclusivo de este Ayuntamiento», precisa Fernández, quien también señala que lo que hace el Consistorio, que es lo que también señala la ley, es gestionar y comprobar que todo se hace arreglo a las leyes vigentes, a las normas urbanísticas subsidiarias locales y a la Ley del Suelo de Extremadura. 

Creación de una UAU 

La creación de una Unidad de Actuación Urbana es, ciertamente, compleja. En primer lugar, los propietarios han de constituirse en agrupación de interés urbanístico y, una vez constituida, han de desarrollar el suelo siguiendo las premisas de las Normas Subsidiarias Municipales (NN.SS.), en vigor desde el 22 de junio de 1988 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 19 demayo de esemismo año. Dichas normas que, por otro lado, han ido sufriendo modificaciones para adaptarse a las leyes de mayor rango, produciéndose su última modificación el 23 de mayo de 2008 y aprobándose definitivamente y publicándose en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el 11 de agosto de 2009.

 Este es el marco legal local, al que hay que añadir la Ley del Suelo de Extremadura, en la que se insta a los propietarios a entregar dos documentos fundamentales que son: en una primera entrega, el Programa de Ejecución, que consta de alternativa técnica (documento de asunción detallada más anteproyecto de urbanización), convenio urbanístico y proposición jurídico-económica; una vez esto esté aprobado, se procede a entregar el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización. 
Así, y cumpliendo todos los requisitos establecidos por la ley, el Ayuntamiento certifica que se cumplen las normas. Y esta es la participación que tiene el Consistorio en el proceso. Tras esta aprobación, que se ha de hacer en pleno, se realiza la cesión al municipio (que no a la Corporación municipal, sino a la localidad, en este caso, a Calamonte) de los terrenos destinados a zonas verdes, viales e infraestructuras, entre otros, que marca la ley. Aprobado por el Ayuntamiento, se remite toda la documentación a la Administración autonómica presentándolo en el registro de programas de ejecución. 
Posteriormente, los propietarios, ya conformados en Agrupación de Interés Urbanístico y con todos los documentos y planeamientos en regla, comienzan la obra.

 Retrasos 

Sobre los retrasos en la ejecución de esta UAU habría que señalar varios actores. Por un lado, los propietarios, que no siempre se pusieron de acuerdo sobre qué cantidad de terreno debían (y querían) ceder al Ayuntamiento, así como los cambios en el planeamiento, como consecuencia de informes urbanísticos negativos que impedían la ejecución y el inicio de las obras. Ahora, una vez que los propietarios se han puesto de acuerdo (y han cedido lo que marcaba la ley) y se han cumplido todas las estipulaciones urbanísticas, se comienza la obra.