Juan Francisco Gómez: «la detención, las pruebas, el juicio... todo fue surrealista. Y un montaje»

Juan Francisco Gómez, durante la entrevista

"Publicamos, de nuevo, la entrevista a Juan Francisco Gómez en ejercicio del derecho de rectificación del que ha hecho uso uno de los aludidos en la información".

Juan Francisco Gómez García fue condenado por atraco a mano armada a una sucursal bancaria de La Caixa en 2012. Cuatro años y seis meses fue la pena impuesta por una jueza que, según el propio Gómez García, no era competente para juzgarle puesto que, como agente de la Policía Local, en este caso de Calamonte, debía ser juzgado por la Audiencia Provincial y no por una instancia inferior. Este suceso lo ha corroborado recientemente el Supremo en sentencia de 3 de junio de 2014 y por la que Gómez ha solicitado la nulidad del juicio y ha presentado una querella contra la jueza titular del juzgado de instrucción número 2 de Mérida, María Isabel prieto Rodríguez.

El agente defiende su inocencia y afirma que «fue surrealista», desde su detención hasta el juicio y mantiene que todo fue un montaje contra su persona. «El 15 de diciembre de 2011 yo me encontraba regulando el tráfico en el colegio de la calle Cervantes cuando recibí, unos minutos antes de las nueve de la mañana, una llamada del 112 informándome de que se estaba cometiendo un atraco en la sucursal bancaria de La Caixa de la calle Manuel Golpe de Calamonte. Y el rastreo que posteriormente solicitamos a Blackberry (modelo de teléfono móvil) confirma mi situación, algo que la jueza no admitió a trámite. Yo llegué de inmediato al lugar de los hechos y me entrevisté con la directora de la sucursal y con los dos vecinos de Calamonte que se encontraban en el interior durante el atraco: F.T. y P.G. La información que me facilitaron es que el presunto autor de los hechos había huido en un Audi A-6 de color negro. No lo encontré y me fui a la salida de la población para colaborar con la Guardia Civil en el esclarecimiento de los hechos. Diversos testigos que yo presenté en el juicio confirmaban que a la hora del atraco yo estaba regulando el tráfico», señala el agente que, ahora, se encuentra suspendido de empleo, pero que sigue conservando su condición de agente de Policía Local, algo que corrobora mostrando su placa identificativa.

«Unos meses después yo fui a la sucursal de La Caixa a realizar un ingreso y la cajera se asustó. Decía que mis ojos eran como los del atracador que la apuntó con la pistola. Fijarse en los ojos de alguien que te encañona con un arma es complicado y lo afirman los expertos, que hablan de un 'shock' que solo te permite ver lo negro del cañón», prosigue Gómez. «Unos días después, el 3 de mayo, encontrándome de nuevo de servicio, se personan agentes de la Guardia Civil en la jefatura de la Policía Local de Calamonte indicándome que estaba detenido por el atraco a la citada sucursal. Yo me quedé impresionado y no daba crédito. En primer lugar, registraron mi taquilla y tan solo hallaron anticipos de nóminas que yo había solicitado al Ayuntamiento. Posteriormente, se produjo el registro de mi vehículo, en el que ni yo ni el secretario judicial del juzgado de instrucción número 2 de Mérida ni el jefe de la Policía Local estuvimos presentes por indicación del sargento de la Guardia Civil, por lo que entiendo que el registro no es válido, produciéndose una usurpación de funciones ya que el proceso en ese instante ya se encontraba ya en fase judicial (y el secretario judicial es quien dirige el registro) y encontraron un mono y un pasamontañas con el que afirmaban que se habían cometido los hechos reseñados. Yo me negué a firmar ese registro y solicité una prueba de ADN que no se me concedió. Luego, en el registro de mi domicilio hallaron una sudadera de la Policía Local de Sevilla, que expliqué que tenía porque estaba estudiando criminología y era para realizar un trabajo para la facultad. Posteriormente, algunos miembros de mi familia señalaron que la parte trasera de mi vehículo se encontraba forzada», apunta Gómez, que se encuentra cumpliendo condena en la prisión de Estremera-Madrid, compartiendo cárcel, entre otros, con Francisco Granados, el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.

Gómez, durante esta entrevista, realizada el 23 de diciembre en un hotel de Mérida, se encontraba disfrutando de su cuarto permiso carcelario y en abril tendrá, según él afirma, el tercer grado penitenciario, por lo que solo tendría que acudir a dormir a un centro de reinserción (en este caso de Cáceres) de domingo a jueves. «Después, también buscaron un Audi A-6 en mi domicilio y yo tengo una Xsara Piccasso. Tuve un Audi A-6, pero que se encuentra desguazado en Bodonal de la Sierra desde 2009, aunque aún no se la ha tramitado la baja, algo que no entiendo. Y ya en el calabozo, cuando me indican que puedo proceder a asistencia letrada solicito que me defienda el mismo abogado que defendió al alcalde en el juicio por prevaricación cuando lo de los puntos. Pero desde el Ayuntamiento me señalaron que no correspondía, puesto que de lo que se me acusaba no tenía que ver con mi trabajo, algo que no entiendo puesto que yo también era trabajador del Ayuntamiento», señala Gómez poco antes de indicar que todo el procedimiento de esta investigación comenzó «un par de semanas después de la finalización de ese juicio».

«La verdad es que todo me parece surrealista -confiesa el agente- el juicio, la detención, las pruebas, el registro... y me parece todo un montaje contra mí».

Gómez está condenado en firme por una sentencia que ahora ha recurrido por nulidad en las actuaciones, además de haber presentado una querella por prevaricación (documento que muestra) contra la jueza que lo condenó, además de recusarla por otro juicio que tendría pendiente por un presunto atraco a un supermercado en Almendralejo.

«Faltan imágenes de la grabación de seguridad de La Caixa»

El detenido mantiene que se falsearon pruebas
y que el tribunal que le juzgó no era competente

Durante su relato, Juan Francisco Gómez García también refirió que la mañana en la que se cometió el robo alguien llamó desde el teléfono de la Policía Local afirmando llamarse Miguel y haciéndose pasar por un vecino de Calamonte denunciando un falso robo en la finca de El Escobar, algo que Gómez achaca a una posible duplicación de tarjetas, puesto que ese teléfono «siempre estuvo» en su poder.

«Al alcalde le tengo respeto, pero ya me había expedientado por falta, según él, muy grave por no asistencia laboral, cuando yo presenté mi parte de baja, pero actualmente él se está portando muy bien conmigo», afirma, (Gómez sigue cobrando unos 550 euros mensuales, algo que prevé la ley en casos como éste en los que la sentencia no es firme al estar recurrida).

Sin embargo, el detenido señala que no ha hablado con el edil en todo este periodo. Gómez aclara que no está insinuando nada y que él no quiere «echar tierra encima del alcalde», con el que añade «despachaba casi a diario y con el que tenía una buena relación», si bien hay un detalle que Juanfran no acierta a explicar: qué significado tienen sus dos últimos mensajes en Facebook, en los que puede leerse por dos veces «Salvador Álvarez Pérez». En realidad, Gómez tiene el punto de mira de sus acusaciones en otro lugar. O esa impresión da, pero no lo confirma. «Todo es un montaje», continúa el agente condenado en firme por una sentencia que ahora ha recurrido por nulidad en las actuaciones, además de haber presentado una querella por prevaricación contra la jueza que lo condenó, y la ha recusado en otro juicio que tendría pendiente por un presunto atraco a un supermercado en Almendralejo.

«Solicitamos a la empresa encargada de la videovigilancia de La Caixa los vídeos de esa mañana y faltaban algunos minutos de esas grabaciones. En concreto, falta el tiempo que transcurre desde que el atracador se fue hasta que apareció la Guardia Civil y no aparece el instante en que yo llego a la sucursal para recabar información sobre el atracador ni se ve el tiempo que yo tardé en llegar desde que éste se fue, que no mediaba ni dos minutos, lo que demostraría que no pude ser yo porque no pudo darme tiempo material a haber cometido el robo y a volver a incorporarme al servicio, como se me acusaba, pasando antes por la jefatura de la Policía Local en el Ayuntamiento vestido incluso con el mono como se me acusó y faltando a mi servicio», concluye Juan Francisco sin confirmar hacia dónde apuntan realmente sus sospechas.