Aumenta el precio del agua en Calamonte

Los calamonteños pagarán más tarifa de agua este año. Eso es lo que se decidió en el pleno del pasado jueves tras aprobar una modificación de la ordenanza reguladora de este servicio. La cuota fija de abastecimiento y depuración se incrementarán 4 y 0'59 euros al trimestre, mientras que la variable lo hará en 0'18 y 0'05 euros por metro cúbico, respectivamente. No obstante, hay que señalar que parte de este aumento se corresponde con una obra de mejora en la provisión de agua denominada anillo perimetral de Mérida que se encuentra recurrida. En consecuencia, los precios podrían verse reducidos en función de lo que dicte un recurso contencioso-administrativo que aún está por resolver.

Andrés García, concejal de Economía, Medio Ambiente, Sanidad y Protección Civil, puntualizó que esta subida debe realizarse «en cumplimiento del convenio y del contrato de adjudicación de la gestión del agua que se llevó a cabo durante la legislatura pasada por el anterior equipo de gobierno». Lola Enrique, concejala del PSOE, respondió como miembro de la parte aludida asegurando que es cierto que hay que aprobar un incremento, pero que cuando su partido hizo el pliego, le dieron «mucha importancia» al dinero que la empresa adjudicataria diese al pueblo de Calamonte para renovar las infraestructuras de la red de abastecimiento de agua porque la antigua compañía «había estado treinta y tantos años sin hacer ni una sola inversión».

Además de defenderse, el grupo socialista propuso que los 300.000 euros que Aqualia debe ingresar al Ayuntamiento sirvan para pagar el enganche al anillo, en lugar de pedir la mitad para ser incorporados al presupuesto municipal, como planteaba el equipo de gobierno. Finalmente, la modificación salió adelante con los votos de PP e IU.

Los tres partidos políticos sí que se pusieron de acuerdo para aprobar una ordenanza referente a las tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad, un manifiesto de adhesión al Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata para el soterramiento del AVE y una moción del PSOE sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la primera cuestión, lo único que se hizo fue aprobar un modelo actualizado que la Junta de Extremadura les había facilitado. En la segunda, se trataba de sumarse a un documento que ya contaba con el visto bueno de todos los partidos moralos. En la tercera y última, la unanimidad estaba asegurada después de que los distintos grupos ya se hubiesen pronunciado a favor de la causa el mismo 25 de noviembre.

A pesar de la coincidencia en estos tres puntos del día, todavía faltaba por llegar uno en el que la tensión aumentaría. Lo más curioso de todo es que el tema que debatieron durante veinte minutos no trataba ningún problema que afectase directamente a los calamonteños, sino que era más bien una cuestión de política nacional. El Partido Popular presentó una moción en la que instaba al gobierno de España a retirar la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a garantizar la independencia en ese mismo sentido. Entre otras cosas, consideraban a la reforma «un ataque frontal a la Constitución» y «a la separación de poderes».

Enrique fue de nuevo la encargada de defender los intereses de su partido a un nivel no demasiado local, sosteniendo que esa ley es la «única salida» que le ha quedado a un gobierno que lleva «dos años» intentando negociar con sus adversarios la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Juan Antonio Gajardo, representante de IU, también rechazó la moción, por lo que esta no logró salir adelante.

Los asuntos nacionales volvieron a surgir en la reunión, aunque, esta vez, a raíz de otra moción que ya sí que importaba algo más a los ciudadanos de Calamonte. El PSOE explicó las medidas que ellos creían convenientes para ayudar a los autónomos de la localidad en sustitución de la Feria de Comercio que este año no ha tenido lugar. Magdalena Carmona, alcaldesa y presidenta del pleno, las reprobó aduciendo que son precisamente el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y el comandado por Guillermo Fernández Vara quienes tenían que ayudar a empresarios y localidades en la lucha contra la crisis. Tras un empate propiciado por los votos a favor y en contra de PP y PSOE, respectivamente, y la abstención de IU, la moción fue rechazada con el voto de calidad de Carmona.