Oficina gestora de impuestos cedidos de la Consejería de Hacienda en Mérida. / HOY

La Junta prevé aprobar este trimestre la rebaja del impuesto de donaciones

El Gobierno regional achaca a la tardanza en los trámites el retraso en la aplicación de una medida prevista para el 1 de enero

Juan Soriano
JUAN SORIANO

La Junta de Extremadura espera aprobar en el primer trimestre de este año la norma que permitirá la reducción del impuesto de donaciones en la comunidad, así como una rebaja del impuesto de matriculaciones.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública inició a mediados del pasado año la tramitación de la Ley de Medidas de Mejora de los Procesos de Respuesta Administrativa. Entre otras cuestiones, esa norma contiene la supresión en la práctica del impuesto de donaciones en su forma más habitual.

En concreto, la reforma consiste en conceder a las donaciones a cónyuges, padres e hijos (los grupos I y II de parentesco) una bonificación del 99% si la base liquidable es de 300.000 euros o menos. A partir de esa cifra y hasta 600.000 euros será del 50%. En caso de personas con discapacidad estos límites suben en 150.000 euros. Con esto se equipararía al impuesto que se aplica en las herencias.

Asimismo, el texto propone la eliminación del tipo autonómico del impuesto sobre determinados medios de transporte, conocido como impuesto de matriculaciones, para compensar en parte la subida que se ha producido con el nuevo sistema de medición de emisiones.

El anteproyecto de la ley planteaba que estas medidas fiscales entrarían en vigor el 1 de enero de 2022. Para ello, se esperaba aprobar la norma antes de que acabara el año. Pero no ha sido posible y por tanto aún no se pueden aplicar unos cambios que tienen un impacto estimado en la recaudación de 2,7 millones de euros por anualidad.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública señala que la previsión es que la nueva ley esté aprobada en el primer trimestre de este año, pero aún depende de que concluya la tramitación del anteproyecto.

Como indica, la Junta de Extremadura ya se encuentra en la última fase de ese trabajo tras haber enviado el texto al Consejo de Estado, el órgano que debe conceder el visto bueno jurídico a la norma. Su dictamen no es vinculante, pero puede incluir lo que se denominan recomendaciones esenciales, según las cuales si no se modifican los puntos en cuestión se podría incurrir en alguna ilegalidad.

El paso por este órgano es obligado desde que el Gobierno regional decidió suprimir el Consejo Consultivo extremeño. Con sus propuestas podría ser necesario por tanto revisar el texto.

El siguiente paso será la aprobación del proyecto de ley por parte del Consejo de Gobierno. A partir de ese momento, la norma se enviará a la Asamblea de Extremadura para someterse al proceso de debate de totalidad, presentación de enmiendas parciales y votación final.

La mayoría absoluta del PSOE garantiza la aprobación de la ley sin necesidad de cambios, pero aún así hay que superar todos los trámites parlamentarios.

La Consejería de Hacienda señala que las medidas tributarias entrarán en vigor una vez aprobada la ley. El texto definitivo recogerá la fecha en cuestión.

Retrasos en la tramitación

El gobierno regional señala que la tardanza en la tramitación de la norma se debe a que se han demorado los distintos pasos por los que debe pasar una ley de estas características.

Como ejemplo, señala el informe del Consejo Económico y Social, que tardó en pronunciarse tres meses sobre el contenido del anteproyecto, lo que ha condicionado los siguientes pasos hasta la situación actual.

El PP solicita una nueva moratoria sobre las matriculaciones

El PP extremeño reclama una nueva moratoria en el impuesto de matriculaciones para evitar el aumento en el precio de los coches. El pasado año entró en vigor una nueva forma de medir las emisiones de los vehículos, que son el parámetro que se emplea para fijar la cuota de este gravamen. El resultado fue que mucho coches que antes no pagaban tuvieron que pasar a tributar. Como recogió HOY, supone un encarecimiento medio de 550 euros, pero para un automóvil que antes no pagaba por esta figura la subida puede rondar los 1.000 euros. El Gobierno aplicó de julio a diciembre del pasado año una modificación de la Ley de impuestos especiales para evitar este efecto. Pero desde el día 1 la reforma vuelve a estar en vigor. De ahí que el PP pida que el Gobierno apruebe una nueva moratoria y que la Junta de Extremadura suprima el recargo autonómico a este impuesto.