Salvador Álvarez.:
Salvador Álvarez.: / DELGADO

La Audiencia Provincial archiva la denuncia por acoso laboral contra Salvador Álvarez

  • La Sala «no encuentra indicios suficientes de actos atentatorios contra la integridad moral de la querellante»

La Audiencia Provincial de Badajoz ha decidido archivar la causa contra el que fuera alcalde de Calamonte, el popular Salvador Álvarez Pérez, tras la denuncia interpuesta por acoso laborar por Aniceta de los Ríos, funcionaria del citado Ayuntamiento.

En la sentencia, firmada por la magistrada doña María Dolores Fernández Gallardo, se reconoce que «de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa», por lo que se estima el archivo de la citada causa.

Del mismo modo, la sentencia no estima causa alguna contra la que fuera concejala de personal, Ana Fernández Sánchez, ya que, según la propia sentencia a la que ha tenido acceso este medio «no se precisan con claridad cuáles son los hechos que se le atribuyen» puesto que «ni siquiera se le ha oído en declaración como imputada», señala.

Según recoge la magistrada en su fallo, y respondiendo así a una de las demandas de la querellante (y recurrente) «la función de archivo le corresponde al alguacil», negando al tiempo que «las órdenes de este trabajo en los archivos lo sean sin razón alguna». En cuanto a las condiciones de falta de espacio y humedad, también referidas por Aniceta de los Ríos, las condiciones, por ejemplo, de salubridad «podrán ser objeto de la crítica, e incluso, de la sanción correspondiente, pero no pueden

integrar un delito de acoso laboral», recoge, ya que «esas condiciones de espacio no se han “creado o buscado” para la querellante ya que ahí estaba el archivo, y el archivo es una de las funciones principales del puesto de trabajo de la misma», recoge la sentencia.

Partes de trabajo

Otro de los motivos esgrimidos por De los Ríos para plantear esta querella, y recurrir el fallo del juzgado de instrucción número 2 de Mérida que decretaba «el sobreseimiento provisional de la presente causa, procediéndose al archivo de estas actuaciones”, eran los partes de trabajo que debía firmar en los que se le obligaba a reflejar su actividad laboral cada media hora. Según el fallo, «ha resultado acreditado que no es el único

funcionario/empleado del Ayuntamiento que realiza esos partes», reconociendo, al tiempo, la «lógica» de esos partes. Tampoco estima la sentencia que se acredite la afirmación de que «se le vigila la hora del desayuno».

Uniformes y escritos

Igualmente, se recoge la normalidad de que «el uniforme de trabajo lo proporcione el Ayuntamiento», recelando de que fuera la propia De los Ríos quien se encargara, «por su cuenta», de renovarlo. Así mismo, señala que hay «facturas de compra de calzado realizadas en 2012 por la querellante y abonadas por el Ayuntamiento».

Sobre los escritos que De los Ríos señalaba que le habían sido entregados por el que fuera alcalde «recriminándole determinadas actitudes de forma continuada y sin que se le haya abierto, en ningún momento, ningún expediente sancionador», recoge la sentencia «sólo obran dos escritos del alcalde a la querellante», y aunque se recoge en el auto que «le recriminaba, por cualquier cosa, delante de sus compañeros, no aporta ningún testigo presencial de estas recriminaciones verbales y públicas», recordando la sentencia que el querellado ya no es alcalde del Ayuntamiento de Calamonte, con lo que «se salvaría el temor del compañero/a a posibles represalias por declarar al respecto».

También recoge el fallo que la drástica reducción del 40% del complemento de productividad que se le aplicó a la querellante en 2013 se le aplicó igualmente a otros trabajadores, recordando que durante ese 2013 De los Ríos «estuvo desde el 18 de abril al 8 de septiembre, de baja, y efectivamente, el complemento de productividad no debe ser abonado automáticamente, sino que debe retribuir un especial rendimiento o actividad».

Prueba testifical

Igualmente recoge la sentencia el testimonio del que fuera secretario accidental del Ayuntamiento, Eugenio Pozo, que señaló que «en ningún caso observó un trato vejatorio o degradante hacia Aniceta por parte del alcalde», señalando que en el momento de la testifical, ni Pozo era secretario ni Álvarez alcalde.

Concluye la sentencia señalando que si bien encuentra indicios de «conflictividad laboral» entre ambas partes, en ningún caso se pueden acreditar «conductas como las imputadas», entre las que refiere « reducir, a la mínima expresión, las funciones laborales de la querellante, actuaciones de desprecio continúo hacia la misma, control de sus movimientos, recluirla en sitios aislados, e ir vaciando de contenido su actividad laboral, encargándole labores improductivas y que atacan su dignidad como trabajador».

Por todo ello, procede «la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida», entendiendo que no está «debidamente justificada» la perpetración del delito de Acoso Laboral del que el entonces alcalde de Calamonte, Salvador Álvarez, era acusado por Aniceta de los Ríos al no encontrar «indicios suficientes de actos «atentatorios contra la integridad moral de la querellante».

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