El hotel de la calle Murillo se abrirá a nuevos usos

El hotel de la calle Murillo se abrirá a nuevos usos. Este inmueble se encuentra ahora mismo abandonado y en manos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) debido que su anterior dueño cayó en bancarrota. Para revitalizarlo, PP, PSOE e IU aprobaron por unanimidad en el pleno celebrado ayer de forma telemática la modificación de las normas subsidiaras que autoricen la utilización de edificios de uso hotelero para cualquier actividad permitida en clave 2 y clave 3.

La última vez que el grupo popular gobernó Calamonte, tenían pensado invertir un millón de euros en la compra del edificio para construir ahí el hogar del pensionista y los centros de día y de noche. Al poco tiempo, sin embargo, perdieron las elecciones y ahora que han vuelto a estar al frente del Ayuntamiento cuentan con una deuda «exagerada» que no les permite adquirirlo, aclara Salvador Álvarez, concejal de Urbanismo y Personal.

Entre otras cuestiones, en la sesión plenaria de ayer también aprobó por la vía de urgencia la moción presentada por el PSOE el jueves 21 de enero donde planteaban conceder una subvención de un importe máximo de 700 euros a autónomos y demás empresas locales que se hayan visto afectados por las restricciones que ha obligado a tomar la covid-19.

Juan Antonio Gajardo, representante de IU, coincidió con los socialistas en que la situación de los pequeños comercios y del sector hostelero de Calamonte es mala, pero señaló que, si se quería ayudar «de verdad, sin hacer demagogia política», se tendría que realizar un estudio para ver cuántos son los afectados en la localidad y comprobar si la liquidez del Ayuntamiento es suficiente para dar esas ayudas.

Andrés García, concejal de Economía, Medio Ambiente, Sanidad y Protección Civil, también se pronunció sobre las dificultes que están atravesando los autónomos y las pymes en estos momentos, pero añadió que el PSOE presentó esa moción para que el Consistorio «le salve los muebles a la Junta de Extremadura» debido a que a la autoridad local no le corresponde hacer esto.

Según García, en las propias bases reguladoras adjuntadas por los socialistas se reconoce que esta subvención va destinada a cubrir competencias impropias de los ayuntamientos, lo cual, además, obliga legalmente a realizar esos informes que solicitaba Gajardo. Tras los votos a favor del PSOE, en contra del PP y la abstención de IU, la moción fue rechazada finalmente por el voto de calidad de la alcaldesa.